Lo que hay tras el ruido

Hace unos meses escribí un artículo titulado “De la despenalización al derecho” en el que reflexionaba sobre el camino recorrido hasta aquel momento en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos para la población española. En aquel entonces –febrero de 2009- se aprobaban en la Comisión de Igualdad del Congreso las conclusiones sobre el estudio de los derechos sexuales y reproductivos y se instaba al Gobierno a elaborar una nueva Ley que regulase y ampliase los derechos de la población española en esta materia, fijando en este contexto las condiciones en las que se podría realizar una interrupción voluntaria del embarazo.

Pensaba que a partir de ese momento se iniciaría un sereno debate parlamentario sobre la materia, acompañado por la expresión pública de las diversas posturas políticas y sociales al respecto. Pero el debate lejos de serenidad ha mostrado una gran crispación fomentada por los máximos detractores de la Ley sobre derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo: el Partido Popular y la jerarquía de la Iglesia Católica española.

En el proceso de debate y elaboración de la Ley ha habido “mucho ruido” y aún lo hay. Y es que se han usado argumentos para arremeter contra la nueva norma que no son admisibles en un debate verdaderamente democrático; expresiones que lejos de aportar claridad han intentado manipular la opinión pública a través de imágenes –en sentido literal y figurado- falsas y sensibleras.

La derecha ha querido confundir a la gente trasladando el debate 25 años atrás al aborto sí/ aborto no, dicotomía ampliamente superada por la realidad social sobre la cuestión, obviando que bajo la presidencia de Aznar durante 8 años no se hizo el menor intento de modificación de la vigente despenalización del aborto. Se ha vilipendiado a la Ministra de Igualdad y al Ministerio que dirige bajo el lema “todo vale” para desprestigiar las políticas de igualdad. Se han lanzado campañas como la de la Conferencia Episcopal en la que usando la imagen de un niño han afirmado que quienes estamos por la reforma de la normativa española sobre el aborto defendemos en mayor medida a los animales que a la vida humana. Todos ellos argumentos falaces que muchas personas reprueban, incluso desde posiciones conservadoras.

Recientemente, y a la vista del creciente apoyo parlamentario que ha ido ganando la Ley, los obispos han hecho un intento de coacción política a los parlamentarios y parlamentarias de las Cortes Generales que afortunadamente ha sido contestada de inmediato, incluso por representantes de la derecha. La Conferencia Episcopal no parece consciente de que en las Elecciones Generales la ciudadanía elige a sus representantes en virtud de las ideas políticas que defienden, en ningún caso por sus convicciones religiosas.

En la cuestión de la delimitación de los derechos sexuales y reproductivos la mayor parte de sociedad española sabe que estamos ante un debate político; pero hay quien se empeña en hacer de este debate una cuestión moral.

Ha de quedar claro que quienes defendemos la nueva norma lo hacemos desde el mayor respeto a quienes por razones morales o religiosas no quieran hacer uso de los derechos que serán reconocidos por la Ley; por tanto pedimos –en justa reciprocidad- que se respeten igualmente nuestras convicciones políticas.

Creo que hemos de situar la discusión en el terreno político, no en el moral; hemos de hablar sobre los derechos de ciudadanía de las mujeres que pasarán con la nueva norma a decidir de manera legal y segura sobre su maternidad. Por tanto este debate ha de tener lugar en el Parlamento buscando un acuerdo entre los y las representantes políticos de manera libre; se ha de llevar a cabo con juego limpio, sin manipulaciones ni posiciones maniqueas y a través de un debate entre iguales. Estas son las reglas de la democracia.

Lo que hay tras el ruido es que más del 70% de la población española apoya las líneas generales del Proyecto de Ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Una Ley que tiene por objetivo la reducción del número de embarazos no deseados a través de una apuesta clara por la educación sexual y que incluye de manera definitiva la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad.